lunes, 21 de mayo de 2012

Los mozos de Equipetrol (o como filtraron a La Torre)

33 opiniones
Los “autonomistas” que fueron parte del grupo conspirador La Torre todavía no saben que todas las reuniones que efectuaban en un exclusivo restaurante de Equipetrol eran escuchadas por mozos que trabajaban para un grupo de inteligencia.

Cuando la unidad especial detectó que ese local de comida japonesa -que aún sigue funcionando- era el punto de encuentro del colectivo opositor, infiltró a seis de sus miembros, quienes trabajaron allí durante casi un año.

Aclaración: Este plato nada tiene que ver con las historias que acá se cuentan

Era el año final de la conspiración (2008) y muchos de los planes de las élites cruceñas fueron anticipados gracias a los señores que servían el sushi y el sashimi en la mesa de los opositores.

Los nombres de los operadores políticos y empresariales que participaban en La Torre eran registrados antes de que ellos terminen el postre. Esa información era procesada y los reportes llegaban a Palacio en tiempo récord. De haberlo sabido, muchos de los comensales seguramente se habrían atragantado con el sake.

Y también ocurría a la inversa. En el Ejecutivo no sospechaban, en ese entonces, que los mandos policiales que pusieron en Santa Cruz eran gente que respondía a Rubén Costas y realizaba seguimiento a los referentes masistas en tierra cruceña.

Cuentan también que, mucho antes de que llegue Evo Morales a la Presidencia, existían informantes en la plaza Murillo que enviaban detallados reportes a Santa Cruz. Nadie puede asegurar que esos personajes desaparecieron en tiempos del MAS.

El espionaje, los infiltrados y los informantes son casi tan antiguos como la política. La traición ya era parte de la cotidianidad en las esferas de poder cuando los griegos escribían sobre ética. Jesús fue traicionado por uno de sus apóstoles, es decir, uno de los miembros de su “gabinete”.

También en Bolivia este fenómeno fue una constante en el periodo republicano y sigue presente en la era plurinacional.

Hubo agentes de inteligencia que primero eran reclutados por la CIA y que después aparecían en las antípodas ideológicas. Antonio Arguedas, uno de ellos, pasó del servicio de inteligencia estadounidense a entregar un policopiado del diario del Che Guevara a Fidel Castro.

Ese documento estaba destinado a ser uno de los más importantes trofeos de guerra de la historia del Ejército boliviano, pero en cambio terminó en poder de los comunistas y lo conoció todo el mundo.

Incluso se conoció que la CIA pensaba modificar el último legado del argentino-cubano. No pudo hacerlo debido a que una copia del libro de combate ya había llegado a La Habana; junto al documento también fueron entregadas las manos del comandante.

El operativo de Arguedas es digno de una película. Más de 30 años después, este agente, espía, infiltrado, ex ministro del Interior, o como quieran llamarlo, murió en Obrajes. Una bomba le explotó en las manos y hasta ahora pocos saben las verdaderas circunstancias.

Y fue otra boliviana, mitad alemana, la que vengó la muerte del Che.

Era 1971 cuando esta hermosa mujer de ojos celestes, hija del fotógrafo de Hitler y militante del Ejército de Liberación Nacional, descargó su revólver contra Roberto Quintanilla en el consulado boliviano que éste dirigía en Berlín occidental. Se llamaba Mónica Ertl.

Cuatro años antes, el diplomático fue quien consumó el asesinato de Guevara e incluso tuvo la osadía de amputarle las manos. Éstas fueron envueltas en formol por una vallegrandina de nombre Lina. Era agente de la CIA.

La Imilla (el nombre de guerra de Ertl) viajó 11.000 kilómetros para vengar aquella afrenta.

Pero a ella también le llegó la hora. La guerrillera era considerada la mujer más buscada del mundo y cometió el error de volver a Bolivia.

Por esos días el Carnicero de Lyon, Klaus Barbie, trabajaba para la dictadura de Hugo Banzer. La eterna amistad que lo unía con el padre de la Imilla no fue obstáculo para que su equipo de inteligencia la encuentre y elimine. Los restos de Ertl todavía no fueron hallados.

Y para no romper la cadena, Barbie también cayó en desgracia debido al trabajo de espías y agentes de inteligencia. El ex jefe de la Gestapo en Francia fue seguido silenciosamente durante diez años por los esposos Klarsfeld, los “cazadores de nazis”.

Una acción temeraria de un grupo de élite del Ejército boliviano permitió que el alemán fuera deportado y condenado.

El nacimiento de la democracia contemporánea en Bolivia no eliminó esta clase de prácticas y el narcotráfico dio pie a que los informantes e infiltrados sean cada vez más habituales.

El caso Huanchaca lo puso en evidencia. El primer megalaboratorio de cocaína del que se supo en Bolivia destapó los nexos de políticos locales, las agencias antidroga estadounidenses y los capos del narcotráfico.

Investigaciones posteriores establecieron que parte de las ganancias de la venta de la droga producida en la serranía de Caparuch era parte del escándalo del Irangate. Junto con el crack que circulaba en Estados Unidos, financiaba a los “contras” de la revolución sandinista.

El ministro del Interior de ese entonces, Fernando Barthelemy, fue el principal involucrado. Murió después de años de desvaríos y crisis nerviosas que empezaron con el caso Huanchaca.

Fueron informantes del Gobierno de Víctor Paz Estenssoro los que filtraron a los periodistas la información que salpicó con el escándalo a la DEA.

La droga también jodió -literalmente- al Gobierno de Jaime Paz Zamora. Uno de los cerebros del MIR, Óscar Eid, se lo dijo al lugarteniente del narco Édgar “Oso” Chavarría, cuando éste le llamó desesperado para pedirle ayuda.

Los teléfonos de los capos miristas estaban pinchados por la embajada de Estados Unidos y así, de a poco, se cerraba el círculo de lo que se conoció como los narcovínculos. “Jodidos estamos todos” es la frase inmortal que le grabaron a Eid.

Para evitar estas infidencias, en su retorno “democrático” a la Presidencia, Hugo Banzer instruyó a Marco Marino Diodato que limpie los micrófonos de todo el Palacio de Gobierno.

De nada sirvió. Tiempo después apareció una grabación del general presuntamente acompañado por una mujer que no era Yolanda Prada. El audio fue entregado por Carlos Mesa (entonces periodista) al ministro Guillermo Fortún (ahora preso) y se pudo contener el escándalo.

Diodato es un personaje emblemático en estas lides. El italiano era un experto en manejo de armas, grabaciones a opositores y clonación de teléfonos. Además estaba casado con una sobrina de Banzer y tenía grado militar honorario.

Cayó detenido sospechoso de varios delitos, entre ellos el asesinato, vía coche-bomba, de una fiscal que lo investigaba. Escapó caminando el rato que le dio la gana. Nadie puede asegurar que murió o que salió de Bolivia. Sus compañeros de juerga en Santa Cruz ahora pasean por la Monseñor Rivero y Equipetrol.

Algunos de ellos comieron en ese restaurante, cuya especialidad es la comida japonesa. Los mozos los vieron allí, pero no informaron al Palacio porque no sabían quiénes eran...

Publicado en Página Siete el 20 de mayo de 2012. La historia completa del restaurante japonés se relata en La mañana después de la guerra, libro que saldrá con Editorial El Cuervo en los próximos meses.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Pese a la represión, el Gobierno siguió con el "operativo evacuación"

18 opiniones
En la residencia presidencial estaba todo el gabinete político. Era de noche y la reunión se tensionó por las noticias del bloqueo en San Borja y las imágenes televisivas del “operativo evacuación” en Chaparina. Pese a las malas noticias, el Ejecutivo optó por seguir con la intervención a la marcha.

Página Siete conversó con dos personas de alta jerarquía que estuvieron presentes en el domicilio del presidente Evo Morales el 25 de septiembre de 2011 y que pidieron mantener sus nombres en reserva. Seis meses después de la represión a la movilización en defensa del Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), contaron cómo se tomó la decisión de continuar con el fallido intento para desarticular la marcha.


(archivo AFP)

En el encuentro intervinieron Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el canciller David Choquehuanca, los entonces ministros Iván Canelas (Comunicación), Sacha Llorenti (Gobierno), Cecilia Chacón (Defensa), Carlos Romero (era de Presidencia y ahora es de Gobierno) y el actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales César Navarro, además de colaboradores de la plana mayor del oficialismo.

Los reportes iniciales de Llorenti eran auspiciosos. La ex autoridad insistía en que no había bajas de ningún lado.

García Linera, en una declaración registrada por el diario digital Oxígeno, confirmó que el ahora ex ministro de Gobierno mantuvo al Ejecutivo al tanto de lo que sucedía en Yucumo ese domingo.

“Toda la información del día ha venido del propio ministro (Sacha Llorenti)”, reconoció García Linera el 25 de noviembre.

Semanas antes dijo que el Ejecutivo ya conocía quién había dado la instrucción de intervenir la marcha. Además, el viceministro Navarro había reconocido mucho antes que la decisión de intervenir la marcha “vino del Gobierno”. Este desliz fue negado después por otras autoridades del Ejecutivo y desde entonces se habla de la “ruptura en la cadena de mando”.

Cambio de planes
Todo el ambiente de la reunión en la residencia presidencial cambió cuando el bloqueo de San Borja obligó a los buses a girar con rumbo a Rurrenabaque.

Ya de noche, los celulares de Sacha Llorenti no dejaban de sonar con reportes de la Policía y de los funcionarios del Ministerio de Gobierno desplegados en la zona.

Cuando Gigavisión y PAT comenzaron a difundir las filmaciones del operativo, en la que se vio a indígenas golpeados, maniatados y amordazados con cinta masking, el ex ministro comenzó a hablar de un enfrentamiento entre uniformados y originarios que jamás sucedió. Meses después, dijo que recibió esa información errónea de algunos policías.

La investigación de la Defensoría del Pueblo, con testimonios y facturas de venta, reveló que fueron funcionarios del Ministerio de Gobierno los que compraron el masking y otros instrumentos usados en la represión.

El operativo debe seguír
A esas alturas, los miembros del Ejecutivo habían visto las imágenes de la represión y se optó por seguir adelante con la “evacuación”. En ese momento se decidió gestionar aviones con la Fuerza Aérea. Hasta ahora Cecilia Chacón, quien renunció a su cargo horas después, no aclaró si tuvo que ver con la partida de las naves.

Quien sí hizo una declaración que incomodó al Ejecutivo fue el actual comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Tito Gandarillas. En octubre, cuando encabezaba la Fuerza Aérea, dijo que la orden se “coordinó” con el Comandante de las FFAA, que en ese tiempo era Armando Pacheco. En enero de este año, Gandarillas tuvo que retractarse y afirmó que él dispuso la movilización de las naves por iniciativa propia.

ERBOL informó, en septiembre del año pasado, que desde Palacio se solicitó otro avión a la agencia estadounidense NAS.

El intento por evacuar a la marcha por vía aérea también fracasó. Los pobladores de Rurrenabaque se enteraron de la llegada de los buses en la madrugada del 26 de septiembre y tomaron la pista. Los aviones no pudieron aterrizar y los detenidos fueron rescatados.

En la residencia presidencial se decidió que al día siguiente se debían “copar” los medios de comunicación. Canelas tenía que estar en Cochabamba; Romero, en Santa Cruz; Chacón, en Trinidad (nunca fue) y el resto se quedaría en La Paz. Uno de los argumentos que se pretendió usar fue que el operativo se realizó por la instrucción de un fiscal después que el 24 de septiembre se intentó “secuestrar” al canciller.

La difícil reunión concluyó antes de la medianoche.

San Borja y Rurrenabaque impidieron la “evacuación”
La intervención de los pobladores de San Borja y Rurrenabaque impidió que la Policía lograra desarticular la marcha en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y logró el rescate de los indígenas.

Videos que se grabaron en aquella noche muestran como, después de la represión, policías trataban de tranquilizar a los marchistas diciéndoles que serían llevados a sus poblaciones mientras eran subidos a buses y camionetas.

Varios de los originarios estaban amordazados y enmanillados con cinta masking.

El objetivo del operativo lo relata el ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, en el informe que presentó ante la Fiscalía. El término de “evacuación” fue usado precisamente por la ex autoridad gubernamental cuando relató la instrucción de movilizarse a Yucumo horas antes de aquel episodio que recibió del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Más adelante, en el mismo informe, Farfán señala que Llorenti indicó que los marchistas serían llevados a sus poblaciones. “Me dijo que estaba gestionando aviones para que de Rurrenabaque trasladen la los indígenas a sus lugares de origen”.

El informe de la Defensoría del Pueblo sobre el operativo reveló que funcionarios del Ministerio de Gobierno fueron los que contrataron a los buses. Además, se hallaron facturas que prueban que el masking fue comprado por personal de ese despacho.

Sin embargo, el bloqueo en San Borja hizo que los buses tuvieran que cambiar de rumbo. Al cerrar el camino, los pobladores de esta localidad impidieron el paso del convoy a Trinidad. Desde allí se tenía que enviar a los indígenas a sus comunidades.

La reacción en Rurrenabaque terminó por desmoronar el intento de desarticular la marcha de la CIDOB. La Policía accedió a liberar a los marchistas retenidos en los vehículos contratados por el Gobierno. Los indígenas aguardaron allí al resto del bloque que logró escapar de la intervención y unas semanas después ingresaron a La Paz.

Publicado en Página Siete el 25 de marzo de 2011