miércoles, 9 de noviembre de 2011

Nueve claves para la nueva agenda del proceso de cambio

Fruto de una compleja y larga Asamblea Constituyente, Bolivia tiene desde 2009 un nuevo marco constitucional. En 2010 nació el Estado Plurinacional y la inclusión de campesinos y originarios en el país oficial es una realidad. Un decreto nacionalizó los hidrocarburos y una serie de referendos consolidó a las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas.

(Abecor)

El Gobierno de Evo Morales logró sintetizar las demandas de inclusión de los pueblos de tierras bajas, combatió y cedió en los reclamos descentralizadores de los departamentos del oriente, desplazó al bloque histórico que manejó al país en los últimos 30 años y avanzó -con relativo éxito- en lo que la historia recuerda como “la agenda de octubre”. ¿Qué sigue?

La invitación-anuncio la hizo el propio Presidente. En diciembre, mediante un diálogo nacional, se creará el nuevo eje temático y estratégico del Gobierno, después de que los grandes objetivos que llevaron al jefe del MAS al Palacio de Gobierno estarían, aparentemente, cumplidos. El debate ya está abierto y se define el futuro del proceso de cambio. 

Dentro de una semana las organizaciones del Pacto de Unidad se reunirán en Sucre para delinear los planteamientos que se presentarán en la crucial cita. La Central Obrera Boliviana también se reunirá en "Asamblea Popular" de emergencia para elaborar su pliego y en las filas del MAS también hay sugerencias.

Ideas conversó con sectores sociales afines y disidentes al masismo, parlamentarios, críticos del proyecto y analistas que sugirieron y opinaron sobre las claves, los puntos imprescindibles, de la nueva agenda del Órgano Ejecutivo. No es todo lo que está ni está todo lo que es -seguramente- pero en lo avanzado, predomina de lejos una agenda con tinte económico.

Se destacan nueve ejes básicos: un nuevo modelo de desarrollo, la redistribución de las riquezas con un pacto fiscal, la consolidación del Estado Plurinacional, la creación de empleo con buenos salarios, la consolidación de las reformas agrarias, la institucionalización de políticas de respeto a la Madre Tierra, la profundización de la nacionalización de los hidrocarburos, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la implementación de las autonomías.

A priori, éstas serían las alternativas-reemplazo de los viejos “10 mandamientos” que Evo Morales planteó en la campaña electoral de diciembre de 2005.

Julia Ramos, coordinadora del Pacto de Unidad y dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, contó que le plantearán al Presidente una agenda en cuatro ámbitos: transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Los detalles y enfoques se coordinarán la próxima semana en un encuentro entre las tres organizaciones sociales más grandes del país, en Sucre.

Las Bartolinas, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales (colonizadores) ya designaron a sus delegados.

“Las bases vamos a tener un diálogo profundo para definir la agenda pendiente, buscando la igualdad de oportunidades de todos, seguridad laboral, vivir dignamente y en armonía con la Madre Tierra”, afirmó la dirigente campesina.

Uno de los puntos que más preocupa a las denominadas “trillizas” es el futuro del proceso agrario. 

El secretario general de la CSUTCB, Julián Jala Flores, afirmó que la idea que promueven campesinos y colonizadores es que se flexibilice el régimen agrario para que los asentamientos ilegales sean regularizados y que se permita la titulación individual de tierras saneadas.

Esta iniciativa preocupa a indígenas, que temen una reversión de los avances en la reconducción comunitaria del proceso agrario. Originarios y colonizadores se acusan mutuamente de ir camino a ser los nuevos latifundistas de Bolivia.

Sin embargo, la política de tierras es sólo una arista del nuevo plan, que tendrá como eje central -de acuerdo con el mismo presidente Morales- el modelo de desarrollo.

Los movimientos sociales tienen distintas visiones, al igual que las diferentes facciones del oficialismo. Las diferencias entre las organizaciones llegan al desarrollo agropecuario, los patrones de acumulación de riquezas, las políticas ambientales y el desarrollo de la economía plural comunitaria.

Tras el gasolinazo y los conflictos por el rechazo a la carretera por el TIPNIS se hizo evidente que el Gobierno no tiene claro cuál es su modelo de desarrollo.

Este concepto es, en palabras del ex viceministro de Régimen Interior Rafael Puente, el primer punto que se debe discutir “con todos”. 

El tema número uno de la nueva agenda nacional debe ser la concepción misma del desarrollo nacional. Hace tiempo asistimos a discursos, proyectos y hechos que nos muestran que se busca reeditar el intento del Estado del 52. Nosotros tenemos otro paradigma, que es el del vivir bien, manifestó.

Rafael Quispe, mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, adelantó que plantearán un corte definitivo con las lógicas de acumulación que sobreviven desde el siglo pasado.

“Deberá ser una visión que termine de superar el colonialismo y desmonte lo republicano. La nueva visión de desarrollo debe salir del capitalismo neoliberal para generar estructuras más participativas. Esa ruptura es fundamental”, afirmó.

Los indígenas de tierras altas y bajas identificaron a figuras del gabinete presidencial como “tecnócratas” y “capitalistas”. Además apuntan que los campesinos quieren ampliar la frontera agrícola para aumentar la producción sin considerar los derechos de la Madre Tierra y sin abandonar el modelo extractivista de desarrollo.

Éste es uno de los motivos que distanciaron a campesinos y colonizadores de los indígenas. Sin embargo, Ramos negó que los planteamientos de las “trillizas” no consideren los derechos de la Madre Tierra.

El conflicto por la visión de desarrollo podrá solucionarse, de acuerdo con el senador del MAS Adolfo Mendoza, siguiendo los ejes que brinda la Constitución.

“La CPE tiene seis ejes fundamentales. Es necesario plantear una agenda respecto a la implementación para la creación de instituciones acorde a ella. Debemos operativizar el nuevo modelo de desarrollo sobre la base de la economía plural para salir del viejo patrón primario exportador hacia la industrialización y la seguridad y soberanía alimentaria”.

Otros sectores, por su parte, apuntan a otros temas en miras a diciembre. La COB alista una gran “asamblea popular” en La Paz para definir los planteamientos que se le harán al Gobierno.

El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, manifestó a este medio que el trabajo y el salario son los asuntos principales que debe atender el proceso de cambio. “Deben haber empleos y salarios dignos, ésa es la obligación del Gobierno”. 

La Asamblea del Pueblo Guaraní planteará el respeto a los derechos de los indígenas y así las ideas y prioridades se suman, se encuentran y confrontan, en vísperas y espera del diálogo y debate conciliadores.

La Constitución tiene seis ejes para ser desarrollados

La Constitución Política del Estado tiene seis ejes pendientes que deben ser desarrollados y éstos serán planteados en el encuentro de definición de la nueva agenda gubernamental, a fin de año.

El senador del Movimiento Al Socialismo Adolfo Mendoza, uno de los articuladores oficialistas frente a los sectores sociales, explicó que el horizonte de construcción del nuevo Estado y los pasos que en el futuro deberá dar el Gobierno ya están enmarcados en el texto constitucional promulgado el 7 de febrero de 2009.

“Hubo seis ejes fundamentales que guiaron el trabajo de los constituyentes. La línea transformadora está en el proceso de implementación de la Constitución. Esto nos permite pensar políticas de Estado que vislumbrarán la gestión pública de por lo menos los próximos cinco años”.
Los seis puntos a los que se refiere el senador oficialista son la implementación acorde a la democracia intercultural; la implementación del catálogo de derechos individuales y colectivos establecidos en la Carta Magna; la transición hacia un nuevo sistema de justicia; el desarrollo del régimen autonómico; la construcción de un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía plural y, finalmente, la aplicación de los derechos de la Madre Tierra y biodiversidad.
El parlamentario señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá colaborar con paquetes de leyes que permitan esta aplicación constitucional.
La CPE otorgó, al primer poder del Estado, el mandato de aprobar todas las normas que sean necesarias para su implementación plena durante el periodo constitucional, que dura hasta inicios de 2015.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, por ejemplo, anunció que una de sus demandas principales será la consolidación del Estado Plurinacional y el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las nacionalidades del país.
Rafael Quispe, representante de la entidad que agrupa a las comunidades de tierras altas, manifestó que se pedirá al Gobierno una verdadera transformación de las estructuras del Estado para evitar el riesgo de “retornar al viejo modelo republicano”.
Los indígenas del oriente y occidente cuestionan al Gobierno de no reconocer sus principales derechos, como el de la autodeterminación. También piden la aplicación plena de las autonomías originarias.

Indígenas temen que el Gobierno sólo escuche a las "trillizas"

El recelo entre indígenas,  campesinos y colonizadores persiste y está desde antes del conflicto por el TIPNIS, y se perfila como uno de los problemas que deberán ser atendidos en el encuentro de construcción de la nueva agenda nacional convocado para diciembre.

En una entrevista con Página Siete, el titular de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla, manifestó que el Gobierno debe saber que no puede gobernar únicamente con los colonizadores, campesinos y las bartolinas; los tres sectores que componen las denominadas “trillizas”.
“Nuestra acción fue fundamental para llevar al Palacio de Gobierno al primer Presidente indígena. Nosotros fuimos los que iniciamos el movimiento con la gran marcha de 1990. Y ahora el Presidente ha privilegiado a tres confederaciones”, lamentó el dirigente.
Las diferencias entre los movimientos sociales se hicieron patentes cuando las entidades que aglutinan a los campesinos, colonizadores y a las bartolinas  apoyaron la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Actitud que mantienen a pesar de que los originarios lograron frenar el proyecto después de una movilización  que se prolongó durante más de 65 días y llegó hasta La Paz.
Mientras tanto, el dirigente del Conamaq, Rafael Quispe, manifestó que existe el temor en su sector de que durante el encuentro de diciembre el Gobierno escuche sólo a las tres organizaciones más grandes y deje relegado al sector indígena.
“Hemos visto que en los últimos años se ha repetido mucho que el Gobierno lleva sólo a sus organizaciones afines y sólo a ellas las escucha. Sabemos que ya están preparando un pliego o una propuesta cuando a nosotros todavía no nos ha llegado una invitación oficial”.
La coordinadora del Pacto de Unidad, Julia Ramos, informó a este medio que la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, los colonizadores y la CSUTCB preparan un encuentro en Sucre -el 17 y 18 de noviembre- para alistar los planteamientos que se le presentarán al Presidente en diciembre.
De hecho, Morales está invitado a la cita que se realizará en la capital del Estado.
Ramos negó que exista algún afán de dejar al margen a los originarios y señaló que el Pacto de Unidad es una entidad que agrupa a todos los sectores. 

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